En el marco del megaoperativo de control, la Contraloría General de la República, detectó que un grupo de funcionarios responsables de la obra “Mejoramiento de la carretera desvío Desaguadero – Kelluyo – Pisacoma”, a cargo del Gobierno Regional de Puno, otorgaron conformidad por el alquiler de 10 volquetes, pese a no cumplir con el servicio requerido, lo que generó un perjuicio económico cercano a 400 mil soles.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 031-2021-2- 5350-AC002, del total de volquetes alquilados, había dos que fueron encontrados con requisitoria vigente por haber sido sustraídos meses antes del periodo del servicio y otros ocho se encontraban alquilados en otra obra; sin embargo, la administración regional pagó el íntegro del monto contractual por el servicio que no se realizó.
Asimismo, se evidenció un perjuicio económico adicional por 199 mil 57 soles por la dotación de combustible a los volquetes que no prestaron el servicio a la entidad, haciendo uso indebido de ese combustible a través de la consignación y suscripción de información carente de veracidad en documentos mediante los cuales se aparentó y simuló la entrega y dotación de 18 mil 325 galones de combustible a los 10 volquetes que no prestaron el servicio a la entidad.
Otro de los hechos identificados fue que el órgano encargado de las contrataciones permitió la subsanación de la oferta del postor, a pesar de no corresponder según el Reglamento de Contrataciones del Estado, afectando la igualdad de trato. Por todos estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 12 ex servidores públicos de la entidad.
El resultado de la Auditoría de Cumplimiento que comprendió del 1 de noviembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, fueron notificados al titular del Gobierno Regional de Puno para el deslinde de responsabilidades administrativas que correspondan y a la Procuraduría General de la República para el inicio de las acciones legales respectivas.