La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó ayer formalmente al presidente Pedro Castillo que reciba a sus integrantes y asesores para que sea interrogado por los presuntos actos de corrupción cometidos en el caso Sarratea.
Es decir, por las reuniones extraoficiales realizadas en el domicilio de Breña.
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Este pedido nace, sobre todo, tras las declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Fiscalía, que sindican al jefe del Estado como el líder de una organización enquistada en el Ministerio de Transportes, dedicada a favorecer a determinadas empresas en obras.
Por el momento, es incierto si el mandatario aceptará recibir a los miembros de esta comisión ordinaria.
Existen antecedentes sobre presidentes citados ante el Congreso y que, al final, decidieron no responder.
El 4 de diciembre del 2017, el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski había sido citado por la comisión Lava Jato, presidida por la fujimorista Rosa Bartra. La respuesta de PPK fue que iba a responder solo por escrito.
“Envío dos informes que reafirman que no estoy obligado por la Constitución a comparecer ante ninguna comisión investigadora del Congreso durante mi mandato”, tuiteó entonces.
Aquel informe llevaba las firmas de los dos exmagistrados del TC Víctor García Toma y César Landa. Este último, actualmente, es canciller de Castillo.
Otro precedente es el de Martín Vizcarra, quien en su mandato fue requerido por Fiscalización por el caso CyM Vizcarra, pero nunca asistió.
Otros involucrados
La Comisión de Fiscalización, además, aprobó en sesión reservada incluir a Fray Castillo, sobrino del presidente; Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno; y a la empresaria Karelim López, en las pesquisas de este grupo de trabajo en calidad de investigados. En la comisión barajan la posibilidad de volver a citar a López, debido a que no colaboró como sí lo hizo en la Fiscalía.
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