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Defensoría del Pueblo: municipalidades de Puno deben garantizar el derecho a acceso a la información pública

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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno demandó a las municipalidades provinciales de la región altiplánica cumplir el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, que aprueba el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública.

Como es de público conocimiento, la referida norma dispone unificar el procedimiento de acceso a la información pública en un mismo modelo de aplicación para todas las entidades a nivel nacional, a través de la adecuación del procedimiento en sus Textos Únicos Administrativos. Ello trae consigo, la regulación interna obligatoria de menores costos de reproducción para acceder a copias en formato A4 (S/ 0.10 por unidad) y CD (S/ 1.00 por unidad) e incluso el acceso gratuito a información solicitada por correo electrónico.

Sin embargo, en una supervisión, realizada entre el 3 al 13 de noviembre, se evidenció el incumplimiento a la normativa vigente, expresándose en cobros indebidos, exigencia de requisitos adicionales, así como la excesiva demora en la adecuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) por parte de estas entidades obligadas a brindar acceso a la información pública.

Foto: Defensoria del Pueblo

En efecto, la institución verificó que las municipalidades provinciales regulan costos variados por copias simples de documentos solicitados por acceso a la información, llegando a cobrar hasta S/ 1 en San Román, S/ 0.50 en Lampa y Yunguyo, S/ 0.31 en Sandia, S/ 0.20 en Carabaya, Moho y Melgar. Sin embargo, dicha situación no se presenta en otros municipios como de Azángaro, El Collao, Puno, Huancané y Chucuito, y en San Antonio de Putina, en los que se realizan cobros proporcionales y razonables.

Al respecto, el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, señaló que las municipalidades deben implementar las normas vigentes de acceso a la información pública y no incurrir en cobros excesivos. “Todo ciudadano tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal y de acuerdo al costo real que suponga su reproducción”, expresó.

De acuerdo al Tribunal Constitucional, el costo real de reproducción es “(…) el gasto en el que incurre de manera directa la entidad para reproducir la información solicitada”[1]. Así, la realización de “cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública”.

Finalmente, es preciso indicar que el Decreto Supremo N° 164-2020-PCMordenaba la adecuación de los TUPA de las entidades de la administración pública conforme a sus disposiciones, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su entrada en vigencia, plazo que ha sido superado en exceso.

En ese sentido, exhortamos a las entidades de la administración pública, especialmente a las Municipalidades de Puno, cumplan con adecuar el procedimiento de acceso a la información pública conforme a la normativa vigente.

[1]TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia recaída en el expediente N° 01847-2013-HD/TC, fundamento jurídico 6.

Fuente: Defensoria del Pueblo

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