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domingo 3, julio 2022
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Instituto Superior JAE pagó S/ 48 mil por un servicio de consultoría simulado

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Antonio Encinas” (JAE) pagó un adelanto a un consultor pese a no corresponder y simulando la ejecución de un servicio de consultoría, para así disponer del dinero en efectivo y pagar estipendios a todo el personal de la institución, lo que generó un perjuicio económico superior a S/ 48 mil.

De acuerdo al Informe de Control Específico 008, se revisaron los documentos de la ejecución del Examen de Admisión 2019 donde se evidenció que el instituto suscribió un contrato sin número con un consultor que se encargaría de asesorar en “Cultura organizacional, clima laboral camino a la excelencia, acreditación y licenciamiento del instituto”. Además, no se realizó el procedimiento de selección respectivo pese a corresponder de acuerdo a la Ley de Contrataciones, y no obstante ello, se pagó un adelanto, cuando en el contrato no lo estipulaba.

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Antonio Encinas” (JAE). | Foto: Referencial/Difusión
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De los pagos del servicio, el representante de la consultora emitió un informe solicitando el pago íntegro, ya que afirmó haber realizado todo su trabajo, pese a encontrarse inconsistencias en la fecha de la conclusión del informe y el IESTP JAE aceptó, por lo que dio por ejecutado tal servicio que no desarrolló en su integridad.

No obstante, posteriormente se giraron los cheques a nombre del cajero del instituto, quien cobró la cantidad de S/ 48,830.00 a fin de disponer del dinero y distribuirlo bajo la modalidad de estipendios en beneficio del personal de la institución, consumando así la disposición de recursos del Estado y valiéndose, para tal fin, de la ejecución de un servicio simulado.

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Para la comisión auditora, estos hechos fueron originados por el accionar del Director General, Administrador, Tesorero, Cajero y los miembros de la Comisión de Admisión 2019, quienes generaron las condiciones para administrar directamente y disponer los fondos públicos. En total son siete los funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad penal y administrativa.

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