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sábado, 16 octubre 2021
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Justicia española rechaza el asilo para el exjuez supremo César Hinostroza

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En España, la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó conceder el asilo al exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, informó Yolanda Vaccaro.

En la sentencia, de 31 páginas, se especifica que Hinostroza tiene un plazo de 30 días para apelar ante la referida Sala contra este fallo que deniega su solicitud de asilo.

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Según informó Yolanda Vaccaro, la defensa de Hinostroza dijo que aún no han decidido si apelarán, pero que lo más probable es que lo hagan y que si les es denegado el asilo, acudan en casación al Tribunal Supremo de España.

Los magistrados descartaron “que se haya acreditado la existencia de persecución política frente al recurrente”, o “que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales”.

En su petición de asilo, Hinostroza se declaraba víctima de una “trama” encabezada por el expresidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, “quien mediante su influencia y presión sobre la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, una ONG, el Congreso, y los medios de comunicación afines al gobierno, tenía como objetivo imputar delitos inexistentes o conductas atípicas” contra él “por su presunta afinidad con el partido político Fuerza Popular (liderado por Keiko Fijimori), todo ello fundamentado en prueba obtenida ilícitamente”.

Sin embargo, la Sala observa que Martín Vizcarra ya no es presidente de Perú, y tampoco existen “datos objetivos” que permitan concluir que el expresidente esté al frente de la trama que se relata, “pues si éste controla a voluntad el poder ejecutivo, legislativo y judicial no parece congruente”.

La Sala tampoco acepta que, si la alegación de persecución política es por su supuesta vinculación con el partido de Keijo Fujimori, fuera “el propio Congreso, con mayoría de representantes de dicho partido, el que inhabilitó al recurrente y autorizó que se formulara acusación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, y negociación incompatible”.

En cuanto a la posible vulneración de derechos fundamentales que sufriría en la cárcel en Perú, los magistrados vuelven a remitirse a lo acordado por la Sala de lo Penal, que accedió a la extradición “precisamente porque ha descartado el riesgo de que el reclamado pudiera ser objeto de tratos inhumanos o degradantes o ser objeto de tortura”.

Uno de los seis magistrados que componen la Sala de la Audiencia Nacional votó en contra de la extradición, y en su voto particular, comparte la tesis de Hinostroza de que en Perú “no tendrá un juicio justo” y que dado “el estado actual de las cárceles peruanas”, no se preservaría su seguridad física.

Tiene además en cuenta los continuos ceses en la Fiscalía de Perú, que “no garantiza la objetividad de su actuación” y por eso “no está garantizado que si se le extradita” no vaya a ser procesado por otro delito, previamente denegado por la Audiencia Nacional española.

EFE
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