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La marcha ‘Un año sin justicia’ convocada por los afectados y familiares de la represión policial ejercida durante las marchas de noviembre en Lima vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la impunidad de las fuerzas del orden y el tratamiento de las denuncias hacia su institución por parte de los órganos constitucionales, como la Defensoría del Pueblo, que en su último informe acerca de los conflictos sociales, no incluye, en el caso de Puno, dos precedentes que incluyen a más de dos fallecidos, abatidos por la PNP en un enfrentamiento entre agentes y cocaleros registrado en octubre de 2004 y setiembre de 2019 en San Gabán. Sin embargo, el reporte de la DF lo coloca como nuevo.

—¡Policía abusivo!

—¡Asesinos!

Gritan los manifestantes contra la policía que golpea y empuja a la fuerza a un grupo de jóvenes que carga una banderola con la frase “Asamblea Constituyente” en las escaleras del Ministerio de Justicia. Una entidad en la que más de la mitad de los peruanos no confía, según la encuesta Pulso Perú, elaborada por Datum en diciembre de 2020, y que dicho sea de paso, su porcentaje aumentó a 77% después de las marchas de noviembre, mes donde dos personas murieron producto de la represión policial, Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22), jóvenes y estudiantes, como muchos otros, que salieron a marchar contra la corrupción que estalló durante el gobierno del exmandatario Martín Vizcarra y la toma de posesión como presidente de Manuel Merino.

La Plaza San Martín, donde se puede apreciar el monumento central en homenaje al laureado libertador, no se mira igual después de aquella semana. El sonido de las vuvuzelas, las banderas al pecho y el olor a sangre son un fantasma entre la gente que cruza la avenida Nicolás de Piérola con Jirón Lampa, lugar en el que asesinaron a Inti; hay un cartel que lo dice. De pronto, una joven reúne a la multitud.

—¡Paren la música, por favor, piden un minuto de silencio para Inti!—

Killa Sotelo, melliza de Inti encabeza la marcha que anuncia se ha cumplido un año sin justicia, junto a su hermano mayor Pacha, su madre Luzdilan Camargo, Oscar Pintado padre de Bryan y algunos de los heridos que sobrevivieron a la represión policial. Los desactivadores de bombas lacrimógenas protegen el frente con escudos que dicen “el poder al pueblo”, un enunciado que significa muchas cosas, pero, sobre todo, que la policía no protege. Por un minuto de silencio, la bulla de las mamparas rompiéndose que forman parte de la estructura del Metropolitano, el sonido de los disparos y las voces pidiendo ayuda son un recuerdo que estremece el cuerpo, en algunos compañeros, hasta las lágrimas.

—¡Inti Sotelo, presente, Inti Sotelo, presente!— claman los protestantes, incluso reporteros gráficos, que intentan pasar desapercibidos mientras el dolor se desplaza. Ellos también han tenido un papel importante, pues, han sido los encargados de registrar lo que la prensa televisiva no se atrevió a exponer, un crudo recorrido bajo el lente de muchos fotoperiodistas que resultaron heridos, en concreto 35, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Más al fondo, casi llegando a Jirón Lampa, una afro/batucada protesta con sus tambores y panderetas en las manos, se trata de Lucha y Tambo, asociación cultural que promueve hace seis años la transformación social a través del arte, entre otras que se suman a las calles del Centro de Lima para marchar por “Un año sin justicia”. Evento organizado por la Coordinadora 14N, conformada por distintos grupos de apoyo que se juntaron para hacer memoria a través de la música, poesía, arte e intervenciones fotográficas sobre este acontecimiento que expuso las estrategias de violencia y carga represiva por parte de la PNP hacia manifestantes, problemática que se había visto poco en la capital y despertó, por primera vez, una tensión social de manera tan descentralizada.

El informe de la División de Unidades Especiales de la Séptima Región Policial Lima reportó el uso de 1507 perdigones de goma y 3151 lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Una medida amparada en la Ley 31012 Gatillo Fácil, la cual fue aprobada en el régimen de Merino y permite, hasta ahora, que los miembros de las fuerzas del orden manejen armas u otros medios de defensa, de forma reglamentaria, causando lesiones o muertes. Hoy se sabe que existe una denuncia constitucional —sin avances— contra Manuel Merino, su premier Ántero Flores y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, y más de 70 heridos que siguen un proceso penal que involucra a 11 mandos policiales. Una investigación en la que hace pocos días el Tribunal de Disciplina Policial anuló la resolución que absolvió a los efectivos y personal subalterno involucrados en el caso.

Intervención en Jr. Quilca, Centro de Lima. | Foto: © Pachamama Radio/Daniela Valdivia

Los afectados y afectadas demandan al Congreso agendar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia formulada por la Fiscalía, solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como la derogación de la Ley Gatillo Fácil que pone en riesgo la vida y seguridad de quienes ejercen el derecho a la protesta y al Ministerio del Interior la sanción para los policías responsables, algunos de ellos vestidos de civiles, que realizaron detenciones arbitrarias y abusos físicos.

A raíz de esto, se sabe que el ex jefe de Estado Francisco Sagasti anunció el funcionamiento de una comisión para modernizar la institución policial, así como la designación de un nuevo comandante general, con el objetivo de recuperar la confianza en la población.

No obstante, la idea de reformar a la policía en el país quedó en nada, ya que a solo un mes de las muertes que se registraron en noviembre; Jorge Yener Muñóz (19), Reynaldo Reyes (22), Kauner M.R (16), jóvenes que se encontraban en la manifestación que exigía la derogación de la Ley de Promoción Agraria por afectar los derechos laborales, fallecieron en un enfrentamiento brutal entre policías y trabajadores agrarios en un tramo de la Panamericana en la Libertad. En la multitud, no es raro ver carteles que apuntan a Sagasti y lo califican como “genocida”, sin embargo, la Fiscalía afirmó que no hay indicios para vincular al expresidente con muertes en el Paro Agrario.

Este hecho no sólo encendió las alarmas sobre la impunidad policial, sino también cómo ésta es ejercida en escenarios de conflicto social y la falta de acceso a reparación para las víctimas.

Por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo en Perú hay 198 conflictos sociales y solo el mes pasado se registraron 242 acciones colectivas de protesta. Puno es la cuarta región del país con mayor número de conflictos (14), después de Loreto (29), Cuzco (18) y Áncash (16). Según el informe actualizado, un nuevo caso está relacionado con el cultivo ilegal de hoja de coca en el distrito de San Gabán en la provincia de Carabaya, donde se han detectado alrededor de 1700 hectáreas en El Carmen – Lechemayo.

Av. Nicolás de Piérola con Jirón Lampa, lugar donde Sotelo (24) recibió el disparo que le causó la muerte. | Foto: © Pachamama Radio/Daniela Valdivia

Sin embargo, este caso no es nuevo del todo. Si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo identificó el mes pasado que la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONAPACCP) iniciaron un bloqueo de varios puntos de la carretera Interoceánica, como medida de protesta en rechazo a la erradicación de sus cultivos por parte del Proyecto Especial Corah, el cual trabaja por reducir el espacio cocalero ilegal, en ninguna parte del informe sobre conflictos sociales mencionan como precedente del caso, un operativo realizado en octubre de 2004 que tuvo como objetivo la erradicación de la hoja de coca en este sector y con dos muertos, y otro en setiembre de 2019, que cumplió la misma misión en el sector y acabó con la vida de Ángel Quispetupa Chumbilla y Héctor Velásque Polanco, y varios detenidos, entre ellos dos por proyectil de fuego, producto de un enfrentamiento entre agricultores y la PNP, sin tomar en cuenta, que más de 6.500 personas en la zona subsisten del cultivo para su uso tradicional y cultural, y que el hecho que defiendan su trabajo, no quiere decir que avalen la producción del narcotráfico.

Además, ese no fue el único enfrentamiento que dejó fallecidos, en octubre de 2004, la policía también abatió a tres agricultores cocaleros que protestaban por el mismo motivo.

En la marcha “Un año sin justicia” en Lima el pueblo también se manifestó contra el abuso policial que provocó la muerte de 166 personas en los últimos 17 años. Los familiares de los fallecidos y heridos de noviembre de 2020 exigen la reactivación de la Comisión Multisectorial para que los afectados por este tipo de violencia puedan contar con una reparación civil y justa que garantice el reembolso económico por los gastos ocasionados y la plena recuperación de la salud física y mental.

Por su lado, la Amnistía Internacional advirtió que mientras no se derogue la Ley 31012 Gatillo Fácil se seguirá pasando por alto el principio de uso de proporcional de la fuerza, lo que permite la violación directa los estándares de derechos humanos, los cuales establecen que este tipo de defensa con armas solo debería utilizarse en casos estrictamente necesarios, con un propósito legítimo, y siempre los agentes deben ser sometidos a un proceso de rendición de cuentas.

Inti Sotelo, Bryan Pinado, Jorge Muñoz, Reynaldo Reyes y Kauner M.R vivieron la represión policial en carne propia. Ahora, la lucha continúa, pero en el cuerpo de sus familiares, así como los de Ángel Quispetupa y Héctor Velásquez, quienes no se sabe si han recibido algún beneficio o reparación por parte del Estado, una entidad que permanece ausente en los lugares más alejados del país y despojados de la justicia.

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