El Ejecutivo nacional tiene un plazo de 15 días para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) y solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 31131, que elimina de forma progresiva el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público; de lo contrario, esta deberá ser reglamentada, señaló el exdirector de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, Moisés Callasaca.
Como se sabe, dicha norma fue publicada este martes y establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales; la ley tiene por objetivo incorporar al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores que hacen labores permanentes en diversas entidades del Estado, bajo el Decreto Legislativo 1057 (CAS).
“Se está cumpliendo lo que aprobó el Congreso, pero el Ejecutivo todavía tiene 15 días para pronunciarse y recurrir al TC, si eso no ocurre, la norma debe reglamentarse en un plazo de 60 días”, dijo Callasaca.
A través de Pachamama Radio explicó que la norma aplica para los trabajadores CAS que ingresaron bajo concurso público, pero quedan exceptuados de los alcances de la ley los trabajadores CAS contratados como personal de confianza.
Cabe precisar, que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) emitió el jueves pasado un comunicado en el que advierte que esta norma sería inconstitucional porque vulnera los artículos 79° y 43° de la Constitución, referido a que el Congreso no tiene iniciativa de gasto; también señala que la norma no afronta el problema de fondo de la administración pública, y además tendrá un impacto negativo en las finanzas de las entidades públicas.