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La Contraloría General de la República, identificó un perjuicio económico de 436 mil 320 soles en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, debido a que la administración regional acordó, aprobó, autorizó y efectuó el pago de una bonificación extraordinaria covid-19 a 180 trabajadores nombrados y contratados que efectuaron labores administrativas, a pesar de que no les correspondía.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°001-2022-2-0670-AC, cuyo periodo de evaluación es del 1 de mayo de 2020 al 28 de febrero de 2021, señala que de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 026-2020 modificado por el Decreto de Urgencia N° 053-2020, la bonificación está destinada a personal de salud que presta servicios efectivos de alerta y respuesta en el marco de la emergencia por la covid-19; sin embargo, se realizó actos destinados al pago a trabajadores que no les correspondía.
Además, se identificó que se pagó a ocho trabajadores que están observados en el Registro Nacional del Personal de la Salud INFORHUS y 13 que tienen cargos directivos, a pesar de estar excluidos expresamente por la normativa.
El bono de 720 soles estuvo dirigido a profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que prestan servicios de alerta y respuesta en el marco de la covid-19 en las unidades de cuidados intensivos de los centros médicos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y los trabajadores que realizan visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria y personal administrativo que cumplen los criterios de la norma.
Entre los beneficiarios se encuentran nueve servidores nombrados y contratados bajo el Decreto Legislativo N° 276 y 42 bajo la modalidad CAS, entre los que resalta el exdirector de la Diresa Puno, personal de las oficinas de Recursos Humanos, Unidad de Remuneraciones y Presupuesto, Administración, áreas de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y Planeamiento.
Los resultados de la Auditoría de Cumplimiento fueron notificados al director de la Dirección Regional de Salud a fin que deslinde las responsabilidades administrativas que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales respectivas.
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