Desde la Municipalidad Distrital de San Miguel y la Municipalidad Provincia de San Román a través de documentos oficiales, solicitan de manera urgente la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), ello con la finalidad de cautelar los Derechos Fundamentales de los ciudadanos puneños de la región, quienes fueron ilegalmente detenidos en la universidad San Marcos en Lima.
Los documentos fueron enviados el día 21 de enero a la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jenni Dador Tozzini, ya que su detención es injusta al no haber ningún medio probatorio de los delitos que se les atribuye.
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A la vez, el documento sostiene que las autoridades locales de estas dos municipalidades no son ajenas al problema social y muestran su preocupación por la falta de transparencia y abuso de autoridad cometidas por la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú.
Cabe mencionar que las posiciones de la autoridad regional de Puno, Richard Hancco, el alcalde de la municipalidad provincial de San Román, Oscar Cáceres y alcalde distrital de San Miguel, Cristin Mamani, muestran una posición clara sobre el pedido de renuncia de Dina Boluarte, y por ello sostiene que no se dialoga con el ejecutivo mientras no se escuche el clamor popular.
