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lunes, 29 noviembre 2021
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Quienes ganen sobre los S/ 300.000 al año, pagarían más impuesto a la renta

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La reforma tributaria que implementará el Ejecutivo -siempre y cuando el Congreso le otorgue las facultades para legislar en dicha materia- buscará aumentar la recaudación en S/ 12.000 millones anuales, lo cual representaría un aumento del 1,5% del PBI, según proyectó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke.

Entre las propuestas que buscará impulsar el Ejecutivo se encuentra el incremento de las tasas del Impuesto a la Renta (IR) para aquellos contribuyentes que perciben altos ingresos.

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Según explicó Francke, se propone subir el IR solo a los contribuyentes con ingresos mayores a S/ 300.000 al año.

“El IR es un tributo que se paga sobre las personas naturales de manera progresiva; es decir, por los primeros S/ 300.000 no se modificarían las tasas actuales, por el exceso de esa cantidad pagarían una tasa adicional. En América Latina las tasas más altas están entre el 31% y 35%, en el Perú está en 29%, hay espacio para gravar un poco más”, subrayó.

De concretarse la medida, impactaría a menos del 0,5% de los contribuyentes y no afectaría a los sectores de ingresos bajos y medios. Francke aclaró que a los que ganen menos de ese monto no se les subirá los impuestos.

Otra de las medidas apunta a reducir el tope máximo de la deducción sobre el 20% de los ingresos declarados. Y es que, actualmente los trabajadores que ganan hasta S/ 528.000 al año pueden deducir hasta S/ 105.600. Ante ello, el MEF considera que el tope es excesivo y propondrá que se reduzca a S/ 300.000 anuales el límite de ingresos de los contribuyentes que pueden deducir.

Otro cambio a plantearse es que en el régimen del IR de primera y segunda categoría (alquiler y venta de inmuebles, intereses, regalías, entre otros) se eleve la tasa a las rentas del capital a no más del 10% (hoy en 5%), esto debido a que es menor a la tasa de las rentas de los trabajadores (entre 8% a 30%).

Además, el pago del 2% adicional sobre la tasa del IR se ampliará para todas las grandes empresas que accedan a convenios de estabilidad jurídica. Actualmente, esta medida solo se aplica a las empresas mineras.

Al respecto, el abogado tributarista Jorge Manini comentó que la mayoría de propuestas se centran en subir las tasas, más no en ampliar la base tributaria. Precisó que el Ejecutivo está contra el tiempo si desea aprobar los cambios al IR, pues solo tiene hasta el 31 de diciembre para que estas puedan regir a partir del año fiscal 2022.

Ante ello, Francke dijo que de conseguir las facultades la prioridad será que se aprueben las normas relacionadas al IR antes de fin de año.

Régimen minero

Otro eje central de la reforma tributaría será el régimen fiscal de la minería. Lo que se contempla para ello no son nuevos impuestos, sino se perfeccionará el ya existente. Así, se buscará subir la tasa del IR a las empresas mineras con más del 80% o 90% de margen operativo.

El ministro Pedro Francke señaló que la regalía minera y el impuesto especial a la minería se perfeccionaría, y para ello se trabaja con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que no se pierda competitividad en el sector.

El FMI entregará hoy su informe de asesoría, con el cual se calcularía el incremento que tendría la tasa del Impuesto a la Renta del sector minero.

Controversias tributarias

La reforma también apunta a que la resolución de las controversias tributarias sean más rápidas y eficientes y evitar retrocesos, trabas y duplicidades.

En tal sentido, se mejorará la gestión del litigio tributario; es decir, que el reclamo sea lo más sustentado posible y se establecerán reglas para prevenir la coexistencia de procedimientos sobre la misma materia. Además, en casos complejos se establecerán criterios para que los plazos se adecuen.

Francke también aseguró que eliminarán la figura que permite a las empresas infractoras deducir el pago de sus coimas como si fueran costos de la empresa, a fin de tributar menos IR, siguiendo así las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE.

El titular del MEF reafirmó el compromiso del Ejecutivo de dar una explicación al Congreso y a la ciudadanía de cuánto exactamente se recaudó adicionalmente y cómo se gastó. “Esto en ningún caso es un cheque en blanco. Siempre se establece que luego la medida tiene que ser remitida a la Comisión de Constitución del Congreso que, si no le gusta, la puede derogar o modificar”, precisó.

Ajustes a las reglas financieras

En tanto, la superintendenta de Banca y Seguros, Socorro Heysen, sustentó las propuestas del Ejecutivo en materia financiera, tras solicitarle al Congreso facultades para legislar sobre ello.

“Buscamos modernizar la Ley General del Sistema Financiero y Seguros para la supervisión prudencial para la estabilidad financiera. También facilitar la innovación y remover las barreras que existen para el desarrollo de entidades totalmente digitales, y facilitar la competencia”, explicó.

Entre los puntos principales está mejorar la capacidad sancionadora del regulador, ya que la ley de 1996 quedó “desfasada”. Esto se daría a través de un aumento al tope de las multas impuestas a las entidades infractoras del sector financiero. Y es que actualmente el máximo es 200 UIT (S/ 880.000), monto que lo consideran muy bajo y desproporcional a los ingresos de las empresas más grandes. En resumen, la SBS propone que el tope de multas sea vinculado al nivel de ingresos de la entidad supervisada.

“También estaríamos eliminando el tope mínimo porque habría el problema de que hay entidades muy pequeñitas a las que se les impone el mínimo de la multa y les resulta excesivo. Y hay entidades muy grandes donde el máximo de la multa pueda resultarles poco disuasivo”, manifestó.

Otro punto a destacar es que se busca reducir el capital mínimo para formar las Etcan, que son empresas dedicadas al transporte de dinero y valores. Esto con el fin de generar mayor competitividad, ya que a la fecha solo existen dos en el mercado, lo que genera sobrecostos.

Asimismo, para fomentar la competencia en todo el sistema financiero, la SBS apunta a eliminar las barreras existentes para conformar una fintech (entidades 100% digitales). “La ley actual indica que la entidad financiera tenga al menos una oficina principal, eso en la práctica podría no ser necesario para una entidad netamente digital. Es un tema bien importante para abrir la puerta al desarrollo de la innovación y crecimiento de la inclusión en el sistema financiero”, apuntó la funcionaria.

También se propone la simplificación del proceso de licenciamiento y supervisión de empresas que no realizan captación de depósitos del público, entre otras medidas.

Por otro lado, el presidente del Banco de la Nación, José Chávez, indicó que el fortalecimiento de la entidad estatal demoraría un año y medio para luego poder ofrecer los servicios financieros. Es decir, de aprobarse las facultades al Legislativo, recién podría empezar a otorgar créditos a personas y mypes desde finales del 2023 como mínimo.

Se buscará que las plataformas digitales paguen IGV

El Ejecutivo modificará la Ley del IGV para establecer un mecanismo de recaudación para la importación de bienes intangibles y servicios prestados a través de internet por sujetos no domiciliados.

De esta manera, las plataformas digitales como Netflix, Disney Plus, Spotify, entre otros, pagarían IGV en el Perú. Según explicó el ministro Francke, se están analizando experiencias internacionales para replicarlas en el país.

Otra medida que incluye la reforma es la simplificación de la política tributaria para el sector mype. Lo que se adelantó es que se modificará el Régimen Único Simplificado (RUS), eliminando así el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen Mype Tributario (RMT).

El dato

Costo de la evasión. El ministro de Economía, Pedro Francke, informó que, actualmente, el costo anual de la evasión fiscal en el Perú asciende al 8% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que para el año en curso representaría tres veces el presupuesto de salud o dos veces su presupuesto en educación. Asimismo, representa 10 veces los recursos destinados a los programas sociales.

La República
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