El exsecretario presidencial, Bruno Pacheco Castillo, único testigo que trabajó en Palacio de Gobierno y contó con la máxima confianza de Castillo, ha revelado información comprometedora sobre presuntos actos de corrupción. Sus declaraciones, parte de la Carpeta Fiscal n° 251-2021, señalan delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Pacheco mencionó pagos ilegales hechos por el empresario Zamir Villaverde García al exmandatario, a cambio de adjudicaciones de obras públicas a empresas chinas. También involucra a congresistas conocidos como ‘Los Niños’. Estos testimonios han generado controversia y se espera que sean investigados a fondo.
Pacheco también mencionó a Auner Vásquez, jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República, como el encargado de coordinar beneficios para los congresistas que apoyaran al gobierno, como cargos y obras. Afirmó que se entregaron sobres con nombres de terceras personas y los cargos que debían ocupar. Además, se destaca la implicación del exministro Juan Silva en el recibimiento de dinero por las obras obtenidas con las empresas chinas.
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El testimonio de Pacheco ha sido respaldado por otros testigos y coincide con las visitas frecuentes de los congresistas a Palacio de Gobierno. Sin embargo, algunos congresistas han negado las acusaciones y han desacreditado a los testigos. A pesar de esto, los detalles proporcionados por Pacheco y la evidencia presentada plantean serias sospechas de corrupción y sobornos en el entorno del exmandatario Castillo.
La declaración de Pacheco revela un supuesto acuerdo entre Zamir Villaverde, Pedro Castillo y Juan Silva, en el cual se pagaba un porcentaje en sobornos a cambio de contratos de obras públicas con empresas chinas. Se estima que los sobornos alcanzaron los 3.500 dólares por congresista, sumando un total de aproximadamente un millón de dólares.
Los congresistas implicados han negado las acusaciones y han manifestado su rechazo a las imputaciones. Alegan falta de pruebas y señalan que se trata de una campaña para desacreditarlos. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra los legisladores de Acción Popular, acusándolos de delitos como organización criminal y tráfico de influencias agravado.
La revelación de estos testimonios y la denuncia constitucional plantean una seria situación de corrupción en el entorno del exmandatario Castillo. Se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.
